¿Será posible ejercer justicia en Colombia?

Un interrogante que muchas personas se hacen diariamente en nuestro país, donde se habla de un estado garantista e igualitario, donde todos podemos ejercer nuestros derechos y libertades en igualdad de condiciones.

Las Naciones unidas han expresado en varias ocasiones, su preocupación por la falta de garantías para los jueces que tratan de “buscar la independencia del poder judicial”. Así lo expuso el comité contra la tortura, de la ONU, en su reunión anual desarrollada en Ginebra el 20 de noviembre de 2009. 

Pero esas garantías, quedan en duda, cuando surgen hechos repudiables, donde se causa la muerte de jueces, testigos, fiscales, investigadores y no se observa una posición unánime entre el gobierno y las instituciones. Pareciera que no existe un canal de comunicación entre quienes direccionan la política y quienes deben ejecutar los procedimientos de seguridad para lograr un escenario propicio para el ejercicio de la justicia.

El sistema de justicia en Colombia, involucra al estado con sus ramas del poder y a la sociedad como responsable o victima de los hechos que violan los derechos tutelados. Pero la justicia no se hace efectiva, debido quizá a que no existe una comunicación adecuada y las propuestas de cualquiera de las partes, no causan un efecto en el resto del sistema soberano de nuestro país. 

Por ejemplo, las propuestas del ejecutivo no son escuchadas por el legislativo, las necesidades de las víctimas no son interpretadas por las instituciones encargadas de protegerlos durante los procesos, los mensajes del estado sobre cooperación con la justicia no llegan a la sociedad, las bases teóricas con las que se legisla, no son interpretadas por los Jueces, y en esta distorsión de mensajes se genera un silencio que irónicamente, si es aprovechado por los criminales.

Estos hechos generan interrogantes sobre si ¿es posible ejercer justicia en Colombia?, ¿es efectivo nuestro sistema estatal, para que los criminales sean condenados por sus faltas? Si no se puede garantizar la seguridad de quienes ejercen justicia ¿Quién podrá sancionar a los culpables y garantizar los derechos de los colombianos? Y nos ofrece la oportunidad de mirar un poco más a fondo, la realidad de nuestro sistema de justicia. 

Aunque el Estado ha implementado diversos mecanismos para el ejercicio de la justicia, parece contradecirse en sus mismas políticas. Por ejemplo, desde el año 1990, fue creada la figura de Jueces y Fiscales sin rostro, pero la medida fue declarada antijurídica, por sugerencia de varias organizaciones, entre ellas el colectivo José Alvear Restrepo y la federación Internacional de de las ligas de Derechos Humanos, que durante un estudio realizado en 1996, concluyeron que con ese modelo, la justicia no podía ser garantista y se violaban derechos a los procesados. 

Más allá de los riesgos que puedan tener los Jueces y Fiscales, quienes de todas formas reciben un sueldo que de algún modo justica el peligro, que podemos esperar de las víctimas que sin sueldo ni protección, deben afrontar al victimario con la plena seguridad que luego de la audiencia condenatoria o de inocencia, deberá continuar a la merced del mismo criminal y que seguramente el problema se extienda a todo su núcleo familiar.

El pasado 7 de Enero en San Bernardo del Viento (Córdoba), fueron asesinados dos estudiantes de la Universidad de los Andes, poco después de conocido el hecho, todo el aparato estatal se volcó al desarrollo de la investigación, se creó la operación “troya”, se ofrecieron altas sumas de dinero de recompensa y finalmente el 16 de febrero fue entregado un parte satisfactorio, con la captura de algunos autores y la emisión de ordenes de captura para el resto de integrantes que participaron en el hecho. 

El 18 de octubre de 2010, en el municipio de Tame Arauca, fue descubierto un aberrante hecho, al encontrarse el cuerpo de tres menores de edad que fueron víctimas de violación y maltrato que les produjo la muerte. 5 meses después, la justicia solo tenía algunos indiciados en un caso que conocía la Juez que fue asesinada esta semana y que ahora es incierto el rumbo de la investigación. 

Estos dos casos son similares en su macabra configuración criminal, pero existe una diferencia abismal en el ejercicio de la justicia y en el origen social de las víctimas. Mientras los estudiantes de la universidad de los Andes, provienen de una familia pudiente, los tres menores de Tame provienen de una familia campesina de precarios recursos. Esta es parte de la radiografía de nuestro sistema de justicia, que no solo se evidencia en estos casos sino en muchos acontecimientos, que diariamente excluyen a las víctimas de ver al menos, la imposición de la justicia a sus victimarios. 

En una organización soberana como la de nuestro país, donde se supone que la equidad jurídica debe llegar a todos los habitantes, muchas comunidades solo pueden ver esfumar sus esfuerzos de alcanzar este derecho, y valdría la pena preguntarnos ¿será que algunos sectores no tienen dolientes?, ¿será el mismo olvido del estado que los hace “ignorantes” al sistema judicial?, ¿la equidad en la justicia se aplica de acuerdo al estrato?.

En el mes de Agosto de 2008, la Corporación Excelencia en la justicia, realizó un estudio en dos ciudades del país, para determinar las necesidades jurídicas insatisfechas y determinó “el grado de desprotección jurídica en la que se encuentran los hogares de escasos recursos” resaltando que a pesar que este es un derecho tutelado en las normas, la realidad es que estas personas afrontan “muchas barreras de tipo económico, cultural e institucional para materializar dicho acceso”.

Pero detrás de esta realidad, aún no se vislumbra un interés del estado colombiano, por adelantar investigaciones sociales, que determinen las necesidades de muchas comunidades, en materia de justicia, mientras tanto, estas personas solo pueden soñar con algún líder que lleve sus mensajes ante las altas cortes y el mismo gobierno central, para que se diseñen sistemas realmente equitativos en tema jurídico. 

Mientras esto sucede, cada día aumenta el número de delincuentes que además de quedar en libertad ante la imposibilidad de ejercicio por parte del aparto judicial, tienen toda la tranquilidad para fortalecer sus recursos de intimidación y terror que impiden el desarrollo de los procesos en su contra.

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