Supremacia del crimen en Medellin frente a un estado de papel

Por Juan Amaya Ramírez

Hablar de la violencia en Medellín, no es un tema nuevo, no es algo novedoso, no requiere mayor análisis, pues las cifras lo muestran, pero lo que no muestran es los componentes que existen detrás del sistema de criminal y detrás del sistema estatal que poco a poco ha sido relegado por los grupos violentos y hoy por hoy; por mas capturas, operativos, policías o empresas de seguridad que se impulsen, no serán suficientes para contener la violencia.

La razón es una sola, la violencia en Medellín, prácticamente se ha habituado en los ciudadanos y es imposible combatirlo con un sistema estatal que apenas puede mostrar informes estadísticos de operativos o capturas de los cabecillas que “se queman” y el mismo sistema los pone en la palestra para que sean capturados, mientras el resto de la organización criminal continua reestructurandose. 

Cuantos servidores públicos hay para combatir a un delincuente?

Solo basta con exponer algunas cifras para entender donde radica el problema. Medios de comunicación, la Policía Nacional, el gobierno local, representantes de ONG, coinciden en afirmar que en Medellín hay aproximadamente 8.000 integrantes de bandas delincuenciales, denominadas combos. 

Con este número de integrantes, el sistema criminal, logra instalar en cada cuadra o sector poblacional, por lo menos dos o tres “pelaos” “cachorros” o como los quiera llamar, pero en cualquier lugar encontrará al menos dos que están controlando las ventas ambulantes, los peatones, los establecimientos comerciales, los distribuidores, los transportadores públicos y por supuesto, los integrantes de otras organizaciones. 

Frente a estas cifras, existe un número similar que en teoría debería estar en la capacidad de ejercer los mismos controles. La Policía Nacional, cuenta con más de 8.000 profesionales; un número que puesto en un paralelo (no comparado) debería estar en la capacidad de hacer presencia física con al menos dos Policías, en cada cuadra o sector poblacional; sin embargo, la realidad es otra. 

Mientras con un promedio similar entre delincuentes y Policías, la delincuencia hace presencia fisica y controla el 80% de la ciudad, cubriendo cuadra a cuadra los movimientos que allí se realizan; es apenas normal que una patrulla de la Policía, deba cubrir varios barrios o cuadras, sin poder ejercer un control y autoridad sobre sus ciudadanos. 

Estas cifras, solo para hablar de la Policía Nacional, que de todas formas hace esfuerzos para brindar la mayor seguridad posible; pero a este número se debe adicionar, los miles de funcionarios de la alcaldía, entidades nacionales y locales y organizaciones que en teoría trabajan por la seguridad y tranquilidad de la ciudad. 

Cuál es la causa de la ineficiencia estatal?

Tomando distancia de lo que dice la teoría, de las cifras positivas en seguridad, del aumento de delincuentes capturados, del número de policías por cada 100 mil habitantes y lejos de una “certificación de calidad” de las instituciones del estado, podríamos afirmar que la delincuencia es más fuerte, simplemente porque se enfrenta a un estado de papel. 

No necesitamos exponer el número de funcionarios de las entidades territoriales, que hacen el trabajo desde la oficina. Es apenas evidente que desde un escritorio, con sistemas de última tecnología, se hace la mayoría de trabajo de recolección de datos sobre las necesidades de las comunidades y su consecuente destinación de recursos o atención. 

La institución que más cerca de la teoría, hace el trabajo, una vez mas es la Policía Nacional. Pero… cuantos policías están realmente en la calle? La respuesta a este interrogante nos podría dar una explicación del porque mientras hay quince delincuentes por cada barrio, hay quince barrios bajo la responsabilidad de un Policía. 

Cuantos delincuentes hay por cada servidor público? 

Si tomamos cifras reales, podríamos señalar que la certificación de calidad de la institución, los controles internos, los procedimientos de rendición de cuentas internas, las exposiciones que a diario hace la institución para mostrar resultados, absorben alrededor del 80% de su personal. Es decir en la práctica, la ciudad de Medellín, tendría alrededor de 1600 uniformados, pero por supuesto, este número se debe dividir en los turnos que deben desarrollar los uniformados para poder descansar, alimentarse y hacer sus necesidades básicas; entonces estaríamos hablando que permanentemente la ciudad cuenta realmente con 533 Policías.

En el sistema opuesto (la delincuencia) que no tiene sistema de gestión de la calidad, que no hace exposiciones públicas sobre sus resultados, que no tiene rendición de cuentas internas, que no tiene un equipo de planeadores y pensadores reunidos en una oficina, puede “sacar a la calle” a sus 8.000 integrantes, con una equivalencia de 15 delincuentes por cada Policía. 

Esto nos permite explicar porque la delincuencia si puede cubrir cada rincón de la ciudad y la Policía, apenas alcanzará a atender los hechos después de sucedidos. 

Más allá de las cifras 

No obstante, este no es un problema solo de Medellín, es de todo el país. En cualquier oficina de nuestros “certificados” entes territoriales, encontraremos que están llenos de funcionarios cumpliendo procedimientos documentales, que poco o nada sirven para la gestión pública y para satisfacer las necesidades de los ciudadanos; pero por supuesto si sirven para justificar el cumplimiento de los compromisos, de los planes de gobierno.

En teoría todos los ciudadanos son atendidos en sus necesidades, los programas se cumplen al 100%, sin embargo, en la práctica, esto apenas ha sucedido en un computador de última tecnología, que le permite descargar muchas fotos o utilizar muchos programas de arreglo de fotos, que justifican esa "ardua labor a favor de la comunidad". 

Este sistema estatal de papel, ha causado que las organizaciones criminales entiendan que el ciudadano tiene unas necesidades que el estado no puede cumplir. También han identificado que los ciudadanos quieran o no deben cumplir con unos compromisos económicos llamados impuestos, que en teoría deberían ser retribuidos con seguridad, garantías para su locomoción, garantía para ejercer actividad comercial o simplemente para vivir tranquilo en su residencia. 

El sistema criminal, se ha dado cuenta que en las mismas condiciones del estado, pueden cobrar un “impuesto” que ante la justicia se denomina extorsión, pero que ante la opinión de la mayoría de habitantes de Medellín, se llama una “colaboración” que es entregada a “los cachorros o muchachos” como estimulo para que no se vinculen a actividades delictivas.

Esto significa que para la mayoría de habitantes de Medellín, el sistema criminal ya se ha habituado y ha sido prácticamente legitimado, lo que hace mucho más difícil que las autoridades, especialmente la Policía, en una proporción de 1 a 15, pueda combatir la delincuencia, cuando además cuenta con deficientes sistemas de judicialización, normatividad laxa y lo peor una justicia que no resocializa.