¿Guarida de ladrones o abandono social?

Los habitantes de Valledupar en el departamento del Cesar, creen tener la respuesta a los problemas de inseguridad que durante muchos años, los han afectado en relación a hurtos, consumo de sustancias alucinógenas, salubridad pública y habitantes de la calle. A juicio de los “expertos” la razón para que estos delitos hayan aumentado en los dos últimos años, es “la concentración de delincuentes en la invasión los Guasimales” según lo expone don Leonidas  Suarez, quien es propietario de varias empresas que han sido objeto de algunos hurtos, el expone que “allí es donde se planean los hurtos, pues la gente como no le gusta trabajar, se dedica es a robar en sectores cercanos y tienen facilidad para esconderse en ese barrio”.  

O como señala la señora Josefina Duarte, quien ha sufrido dos hurtos en su propia residencia y según ella “ese barrio Guasimales en una guarida de ladrones, que ninguna autoridad ha querido prestarle atención”. 

Para conocer un poco más sobre esta comunidad, ingresé a lo más profundo de la invasión donde como diría don Leopoldo Araujo, “de allá uno sale sin ropa”, pero luego de investigar y hablar con muchos ciudadanos, encontré que al igual que usted o yo, allí viven personas comunes y corrientes, tienen unos sueños, unos planes como los tiene el señor Leonidas, doña Josefina o don Leopoldo y tienen unos niños por quien luchar.

Y aunque no comparten los mismos orígenes, porque provienen de distintos departamentos como La Guajira, Magdalena, Sur de Bolívar y otros municipios del Cesar, sí comparten las mismas ilusiones, los mismos sueños o sus planes. Pues a pesar que muchos de ellos fueron obligados a abandonar sus tierras, sus ganados, sus fuentes de sustento, en una lucha por el poder económico de los narcotraficantes y gente de todos los estratos sociales.

Otros de origen más cercano, de pueblos vecinos a Valledupar, han tenido que recogerse allí en una invasión, tratando de buscar un medio de subsistencia, los niños tratan de jugar con las pocas cosas que sus condiciones les provee, entonces se dedican a hacer muñecos de barro, hacer grandes pistas aéreas o ferroviarias en el mismo lodo que se forma en sus viviendas; esa es parte de su escuela, pues muchos no pueden asistir a un colegio porque no alcanzaron a un cupo o sus padres no tienen dinero para comprar el uniforme.

Y es que el señalamiento contra estos habitantes no es mentida, como dice la señora Leonilde Toloza, una señora de la tercera edad que llora su “triste vida”, ella asegura que entre las 3180 familias que conforman la invasión los Guasimales, “se encuentra de todo, de todo hay en la viña del señor, unos somos desplazados, otras son personas pobres de por aquí del mismo sector, otros son unos vividores que vienen y venden los lotes y los revenden varias veces para lucrarse, pero también hay ladrones, hay viciosos y hay vividores que les gusta ponerlo a uno a pelear con el gobierno, para cobrar más caros los lotes, prometiendo que obligarán al gobierno a que nos den subsidio de vivienda” 

Así también lo señala “El Cacha” un líder comunitario que debió abandonar su tierra en el sur de Bolívar, porque a juicio de los “paramilitares, él era un estorbo para sus negocios de droga”. Éste humilde desplazado dice que “la gente de los barrios vecinos como Los Musicos, novalito y otros aledaños, se quejan que los que vivimos aquí somos unos ladrones, pero lo que no saben es que nosotros además de sufrir la violencia del desplazamiento, el abandono del estado y el olvido de la sociedad, también sufrimos hurtos de los ladrones que se pasean por acá sin que la Policía nos preste seguridad; no nos roban cosas de valor como en otros barrios, pero con una moneda que nos quiten, nos dejan en la inopia”.

En la investigación, nuestro equipo logró conocer a muchas personas hospitalarias, amables, trabajadoras y emprendedoras que lo único que esperan es una oportunidad para volver a sus tierras o un espacio de la misma sociedad, para que les enseñen a hacer actividades diferentes a las que desarrollaban en el campo donde vivían. Otras familias que siempre han vivido en Valledupar en un estado de extrema pobreza, esperan que la sociedad les dé una mirada  y en vez de señalarlos de ladrones, les ofrezcan un trabajo donde puedan producir algo que les permita ganarse unos pesos para sostener a sus familias.

Pero contrario a lo que prometen los políticos en campaña, allí existe un abandono total del estado y la sociedad, “los únicos que vienen son los Policías y la electrificadora” dice la señora Sandra Martínez, “los Policías algunas veces vienen y hablan con uno, otras veces pasan por ahí buscando a los ladrones, pero en la noche que nos coma el tigre, porque quizás a ellos también les da miedo. La electrificadora viene es a intentar cortar la luz”, así lo confirma Yamile, quien asegura que “aquí uno no sabe cuándo es  el día de las madres, o el día de los niños, por aquí no se ve nadie de la alcaldía, las únicas noticias que tuvimos de la alcaldía, fue cuando nos iban a desalojar, nos mandaron como mil policías del ESMAD, para que nos sacaran a garrote, pero no nos preguntaron si teníamos para donde irnos, por fortuna los del ESMAD como que no se le midieron a sacarnos”.

Para tratar de ayudar a estas personas, nuestro reportero estuvo en la alcaldía municipal para averiguar cuáles son los programas o proyectos de ocupación para estas personas, pero extraoficialmente una funcionaria nos dijo que “es que en Valledupar, faltan políticas sociales y de empleo para las personas, no existe realmente un compromiso por parte del alcalde”.  Pudimos establecer que existen algunos proyectos de vivienda, pero posiblemente serán entregadas mediante subsidio a inescrupulosos que viven de este negocio.  

El SENA, tiene un programa para capacitar personas en diversos cursos, como procesamiento de leche, confección de ropa, procesamiento de alimentos que “son muy buenos” como dice uno de los profesores; pero que a la larga no tienen ninguna utilidad para estas personas pues en concordancia con lo expuesto por la señora Yamile “uno que saca con un cartón de procesamiento de leche, si no tiene vacas, tocaría ordeñar a la perra, porque ¿qué va uno a procesar?, para que le sirve a uno aprender confección si ni siquiera tiene para el desayuno, mucho menos para comprar una máquina de coser que vale millones”.

Pero mientras estas personas siguen sufriendo la pobreza, la estigmatización y señalamientos por parte de sociedad, nadie les ofrece una posibilidad de desarrollo, que además de haber perdido sus tierras y bienes, siguen siendo víctimas del abandono de las personas que dicen ser “de bien” pero que nunca han visto más allá de sus intereses y se consideran ajenos a una problemática que enfrenta una comunidad, integrada por personas de carne y huesos, unos niños como los hijos de cualquiera de nosotros, que ansiosamente esperan que alguna persona de aquellas que se autoproclaman lideres, le den una mirada y les ofrezcan la oportunidad de volver a crecer en una comunidad más digna.

¿ Quien sera el destinatario de la reparacion en el marco de la ley de victimas?

Ojala me equivoque en mi percepción, y roguemos a DIOS que así sea, que lejos de mi punto de vista, se aplique la reparación a las víctimas. 

Pero es triste decir que muy distante de la realidad, observaremos como el dinero del estado, de los colombianos se diluye en las manos de los mas “vivos”, mientras las victimas seguirán en su condición de indefención y soportando sus penurias solos. 

La realidad de nuestra sociedad, dista de todos los comentarios, noticias, intensiones y buenas palabras que nos sobran, somos alegóricos “solidarizándonos” con las víctimas, pero nuestra cultura nos enseña otra cosa. De las reparaciones que se supone hará el estado a las víctimas, como la misma ley recién aprobada, se dividirá en dos categorías, una simbólica y otra pecuniaria. Hasta ahí todo suena bien. El problema es ¿en manos de quien van a quedar esas reparaciones?. 

Pero casi tengo la respuesta a la mano, no es mi imaginación, no es una percepción de astrólogos, ni la lectura de las cartas, es una realidad que se ve diariamente en mi querida Colombia, las reparaciones pecuniarias irán a las víctimas de quienes durante muchos años han vivido a costa del estado y la sociedad y las ayudas simbólicas, llegarán a las verdaderas víctimas a los pobres que quedaron en condiciones infrahumanas, luego de haber sido desplazados, huérfanos o viudas (dos). Suena absurdo decirlo, pero esa es la realidad, mientras los campesinos que han dedicado toda su vida a producir algo para que ricos, pobres, políticos, militares o delincuentes se alimenten, y fueron desplazados por los violentos, por no hacer parte de su proyecto criminal o simplemente por considerarlos un estorbo, otra enorme comunidad de “vividores” esperan ansiosos para surtir todos los tramites que les permitirá acceder a las reparaciones pecuniarias. 

Un campesino trabaja desde las 4:30 am hasta las 7:00 pm, de lunes a sábado y el domingo solo tiene tiempo para ir a comprar el mercado de la semana. Así que no le queda tiempo para tramitar los documentos para las reparaciones, es más, ni siquiera ven televisión, escasamente escuchan radio pero por allí nadie les ayuda a tramitar sus solicitudes. 

En el otro extremo, se encuentran aquellas personas que desde hace muchos años, deambulan de una ciudad a otra, declarando como desplazados a cada integrante de su familia de manera individual y reclamando ayudas, subsidios y atención del estado. Este grupo de personas, si tienen todo el tiempo suficiente y la información necesaria para tramitar la reclamación pecuniaria como víctimas de la violencia. Pero además de este grupo de personas, existe toda una maquinaria que como lo reza un dicho, “hecha la norma, hecha la trampa”, que se dedican a demandar para hacer efectivas estas indemnizaciones y claro, ahí ellos tienen su parte y entre más “victimas” orienten, mayores recursos obtendrán. Ahora surge el interrogante ¿Por qué, el estado no verifica realmente si es víctima o no, y cual es la condición en que sucedió la victimización? Pues la respuesta es simple, no se verifica porque los funcionarios responsables de este proceso si lo hacen, pero desde la oficina, desde allí verifican, donde vivía, de donde salió, cuanto terreno le fue sustraído, que propiedades tenía, cuantos familiares perdió y en qué circunstancias fallecieron. Y si no es así, que alguien me diga cuantos funcionarios de acción social han visto en una vereda verificando el lugar donde el declarante como desplazado vivía y cuáles eran sus propiedades y los motivos por los cuales se fue del lugar. 

El tema es tan interesante, que vale la pena dejar el debate abierto para que cada uno haga sus propias opiniones, lo más probable es que llegue a los oídos del gobierno antes que comience a repartir dinero a los más “vivos” y reparaciones a las víctimas reales.

El iceberg de las FARC

La amenaza terrorista en nuestro país, se ha convertido en un tema de opinión de primera línea, aún cuando no muchos se atreven a abordar de manera profunda, existe una notable divergencia entre las opiniones.

Algunos analistas dicen que la recuperación terrorista de las organizaciones especialmente las FARC, obedecen a la estrategia lanzada por el extinto Alfonso Cano, otros señalan que las políticas del actual presidente no son tan contundentes como las del anterior y analistas más osados sostiene que el Ejército se dedicó a tratar de quitar espacios que corresponden a la Policía Nación descuidando el tema de la guerrilla que día a día recuperan espacios otrora de su dominio.

También se hacen críticas al apoyo brindado por otros países y organizaciones internacionales, se les censura y exige que conozcan realmente cual es la naturaleza de las FARC y se les combata políticamente. Po rus parte, muchas organizaciones internacionales, cuestionan la incapacidad del estado colombiano, para resolver un conflicto que lleva casi 50 años, con una guerrilla de la misma antigüedad.

Sin embargo, pareciera que el concepto de los señores de la guerra toma fuerza y sustento, al considerar que quienes tienen el poder de tomar decisiones realmente efectivas para disolver el conflicto, no lo hacen, más bien pareciera que realmente se han confabulado para mantener el conflicto que posiblemente les representa rentabilidad. 

Pero ¿Cuándo se irán a tomar decisiones adecuadas para dirimir el conflicto? ¿Quién va a tomar la iniciativa de comenzar una actuación razonable? ¿Cómo se debe iniciar un combate efectivo a los violentos? ¿Quién o quiénes serán realmente los responsables de erradicar la guerra? Pues aunque las respuestas no sean sencillas de solucionar y mucho más difícil será encaminar las acciones, y obviamente mis conocimientos no alcanzan a formular ese importante modelo de actuación, por lo menos me atreveré a señalar que el problema de la violencia en Colombia, con su máxima expresión denominada guerrilla, es solo un iceberg de las condiciones en que vivimos los colombianos. 

El terrorismo en Colombia, tiene características idénticas a las de un iceberg, donde solo sobresale la punta que corresponde al lado que menos pesa en el problema, pero que en últimas, es la expresión del mismo. 

Cada vez que intentamos quitar esa punta de iceberg que para este caso es atacar a la guerrilla, el problema sigue emergiendo, quizás mucho más denso y extenso y definitivamente imposible de erradicar. 

La violencia en su conjunto surge y se alimenta al interior de cada hogar, de cada comunidad, barrio, población y región, consolidando un problema de nivel nacional. Los estudios de la ONU e investigaciones de muchos expertos, señalan que al menos el 80% de la violencia, surge por una necesidad insatisfecha de esa persona que se vincula al delito. 

Es cierto, que en Colombia, pueden existir 46 millones de necesidades insatisfechas y es imposible conocerlas y atenderlas una por una. Pero también es cierto que existen necesidades colectivas que lo único que se necesita es comenzar a actuar de manera coherente para atenderlas. 

Para este articulo, denominaré motivadores a todos los episodios que configuran actuaciones violentas y que motivan a personas de todos los estratos a vincularse con la violencia. 

Existen tres tipos de violencia que las autoridades, las tienen plenamente identificadas: el terrorismo, el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. El terrorismo constituye la primera línea de atención, debido al impacto ante la opinión pública y la amenaza contra los intereses del gobierno de turno. Pero si observamos en cifras, de los casi 16.000 homicidios ocurridos en Colombia durante el año 2011, solo el 2% corresponde a acciones de la guerrilla y el mismo porcentaje de lesiones personales. 

Sin embargo, la inversión del estado para atacar este problema corresponde globalmente a un 25% del presupuesto nacional, en fortalecimiento armamentista, movilidad y logística para las fuerzas de combate. Con este presupuesto se pretende cortar la punta del iceberg de la violencia. 

Sin embargo, toda la base que sostiene esa manifestación de la violencia, sigue sin prestársele mayor atención. De de los homicidios restantes, solo tienen alguna atención por parte de la Policía Nacional, que le reconocemos sus inmensas intensiones, reflejadas contra las bandas criminales y el crimen organizado, que de acuerdo a cifras de la misma institución, solo son causantes de otro 11% de los homicidios. Pues el restante 87% queda “sin establecer” y es precisamente ahí donde está la fortaleza del problema. 

Algunos sencillos ejemplos de más de 1.00 que podríamos describir, no puede graficar un poco, acerca de cómo se configura la violencia en nuestro país.

Un campesino que nunca ha recibido ni siquiera la mirada del “estado”, mucho menos una ayuda para poder producir o vender su cosecha, que debe trabajar todos los sagrados días, que escasamente podrá ir a hacer oración los domingos, si la vía le permite desplazarse, que mira por televisión que se robaron el dinero de agro ingresos seguros, que escucha en la radio que se robaron las tierras, cuando él no tiene sino el lugar donde vive, que desapareció la plata de la salud, mientras vive penurias con sus enfermedades, que el presidente y toda la delegación viajó a otro país, mientras a su vereda solo va el notificador judicial para informarle el embargo por no pago de impuesto predial; si este campesino es abordado por un guerrillero que le dice que lucha por el poder, que lucha por recuperar el dinero que se están robando y le recuerdan todos los actos de corrupción, pues fácilmente lo recluta aún cuando el campesino tenga una corazón de servicio. 

Un estudiante universitario, que vinculado al sistema educativo colombiano lo único que alcanza a recibir de enseñanza es una reproducción de textos antiguos y obsoletos, una educación que no propone liderazgo, iniciativa o emprendimiento, unas aulas de clases donde la única autoridad que se ejerce es la del líder del “matoneo”, es abordado por un “ideólogo” de las FARC y fácilmente accede a “luchar contra el estado”. 

Es tan precaria la educación en Colombia, que no nos han enseñado que el estado incluye a todas las personas, instituciones y organizaciones que estamos dentro del territorio. Entonces basados en las leyes, todos tratan de responsabilizar al estado, de asumir las necesidades del pueblo, y olvidamos que el pueblo es parte del estado. 

La desigualdad social de la que tanto se habla pero que muy poco se hace, en un país donde existe la concepción de tener dinero rápido y lo más fácil posible, es el principal motivador de la violencia. Cuando una persona cansada de trabajar para un mejor futuro, que sabe que nunca llegará en sus condiciones precarias de trabajo, por mas pacifica, honesta y ética que sea, encuentra motivos suficientes, para aceptar la invitación de una banda criminal para que se vincule como colaborador o integrante. 

Cuando unos hermanos Nule, se hurtaron miles de millones de pesos que ni siquiera el estado ha podido determinar con exactitud la cifra y solo irán algunos años a las mansiones carcelarias apartadas para “cuello blanco” y millones de personas se acuestan con hambre por falta de dinero; cuando centenares de políticos son condenados por patrocinar grupos armados al margen de la ley, pero un juzgado ordena que se le debe permitir salidas periódicas con total libertad, mientras a los pobres condenados por homicidios en riñas, no tienen permiso ni siquiera para tomar el rayo de sol; cuando el político o terrateniente es declarado inocente y demanda al estado por miles de millones de pesos y se debe sacar del dinero del pueblo para “reconocer su derecho” mientras al pobre campesino no se le reconoce la perdida de la cosecha negligencia del gobierno frente a la ola invernal; eso motiva a las personas a vincularse a alguna forma de violencia, sea contra sus propios congéneres o los que considera enemigos.

Una forma inequívoca de erradicar la violencia, es comenzando a observar, donde se están cometiendo el 87% de los homicidios, cuales son los autores, pero no ir tras ellos únicamente, sino para observar las condiciones socio económicas y culturales del entorno, cuales son las necesidades del pueblo, cuales son las fortalezas de la gente. 

No obstante, lejos de esa realidad, la cadena de omisión de actuación, comienza desde el líder comunitario hasta el presidente de la republica y todos nos quedamos en intensiones, el presidente de la junta de acción comunal como responsable de liderar a su comunidad, únicamente trata de buscar recursos para su propio interés; el funcionario de la alcaldía que debe conocer de primera mano la problemática, hace la recolección, análisis y formulación de proyectos, desde la oficina sin despegarse del aire acondicionado o sin salir al frio de la calle, depende el clima donde este; los alcaldes y gobernadores desconocedores de las necesidades de su pueblo, autorizan el dinero para que se invierta en los proyectos elaborados en las oficinas y sin quien los lleve a la comunidad, haciendo que terminen en los bolsillos de los “más vivos” que mas tarde serán denunciados por corrupción y serán condenados con casa por cárcel. 

Nuestras esperanzas están puestas en el nuevo sistema de subsidios rurales, que se están desarrollando en todo el país, ojala no termine en manos de los familiares de los políticos, ministros, reinas o señores de la “vida pública” que además terminarían demandando al estado por daños y perjuicios derivados de investigaciones precluídas.